¿De qué manera las personas naturales pueden evitar la quiebra?

A partir del 1º de octubre de 2012 entró en vigencia el Régimen de insolvencia de personas naturales no comerciantes, que tiene como propósito la búsqueda de negociaciones de deudas, convalidaciones de acuerdos o liquidaciones de patrimonios de personas naturales que se encuentren atravesando por una situación económica difícil.

Para hacer parte de dicho régimen, el interesado debe presentar ante un centro de conciliación o notaría una solicitud de admisión en la que deberá acreditar:

1) Documento que soporte su condición de no comerciante.
2) Informe sobre las circunstancias que generaron el déficit económico.
3) Una relación detallada de su patrimonio.
4) Una relación de las obligaciones que se encuentran en mora por más de 90 días, demostrando que estas superan el 50% de sus pasivos.
5) La propuesta de acuerdo.
6) La relación de sus acreedores, indicando los medios por los cuales pueden ser contactados.
7) Las obligaciones alimentarias a su cargo.
8) La relación de gastos de sostenimiento.
9) La relación de procesos ejecutivos que se adelanten en su contra.
10) Estado civil.
11) Sus ingresos actuales.

Una vez sea presentada esta solicitud y asignado el conciliador correspondiente, se procederá a la citación de todos los acreedores a una audiencia de negociación de deudas; esta puede ser suspendida las veces que sea necesario en búsqueda de un acuerdo.

El procedimiento no tendrá una duración mayor a 60 días, prorrogables por 30 días más, de común acuerdo entre los acreedores y el deudor.

Quien se someta a este trámite, tendrá los siguientes beneficios:

1) No podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos, de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva y se suspenderán los procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de la aceptación.
2) No podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la casa de habitación del deudor por mora en el pago de las obligaciones anteriores a la aceptación de la solicitud.
3) Si hubiere operado la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, estos deberán restablecerse y las obligaciones causadas con posterioridad por este concepto serán pagadas como gastos de administración.
4) El pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener el paz y salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro sólo podrá exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. Las restantes quedarán sujetas a los términos del acuerdo o a las resultas del procedimiento de liquidación patrimonial. Este tratamiento se aplicará a toda obligación propter rem que afecte los bienes del deudor.
5) Una vez celebrado el acuerdo de pago, los procesos de ejecución y de restitución de tenencia promovidos por los acreedores continuarán suspendidos hasta tanto se verifique el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo.

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Somos El Derecho de las Cosas.

Carlos Andrés Bonilla Bonilla
Carlos Andrés Bonilla Bonilla Acerca del autor

Abogado Especializado

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